El estado de salud de una población es el reflejo directo del desarrollo y avance de un país y de la importancia que los gobiernos le dan al tema. Si esta es una verdad aceptada universalmente, hay razones de peso para creer que Colombia ha errado la fijación de sus prioridades.

Los indicadores no mienten. De acuerdo con el análisis hecho por el proyecto 'Así vamos en salud', las principales variables a partir de las cuales se analiza la situación del sector son alarmantes. Señalan que en salud pública, factor que dimensiona la responsabilidad directa de los Estados para garantizar el bienestar colectivo, el país ha retrocedido más de una década.
Hoy es penoso tener que reconocer que los avances que se habían ganado en disminución de mortalidad materna en 10 años se perdieron en tres. La muy marcada tendencia en el descenso de las muertes infantiles, que venía desde 1950, se frenó: mientras que entre 1995 y el 2000 el país ganó nueve puntos en este sensible aspecto, entre los años 2000 y 2005 solo fue posible avanzar dos puntos.

Habrá distintas interpretaciones al respecto, pero el solo hecho de que se rompan las curvas descendentes indica un descuido en las acciones de las autoridades que, sin duda, se está pagando con vidas.

Da vergüenza admitir que mientras hace algo más de 10 años Colombia era líder en el continente en coberturas de vacunación, hoy a duras penas se alcanzan cifras que bordean peligrosamente los niveles de ineficacia. ¿En dónde está la falla?

Muchas enfermedades infecciosas tienen recetas para ser controladas, estructuradas sobre acciones básicas de salud pública, que el mundo conoce desde hace tiempo. Pero en Colombia es evidente el repunte de algunos de estos males. Una muestra es la tuberculosis, ligada a la pobreza y a la miseria y cuya situación es la misma desde hace nueve años.

Un país en donde, según los mismos datos oficiales, una tercera parte de los niños menores de 12 años y la mitad de las embarazadas padecen anemia y desnutrición tiene muy altas posibilidades de enfermarse. Más aún si la mitad de los hogares está por debajo de la línea de pobreza.

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¿Cuántos de estos problemas se evitarían si se respetaran y aplicaran los programas de promoción y prevención que tanto el Estado como las entidades prestadoras de salud están en la obligación de ofrecer?

La realidad muestra que, por el contrario, ante la mirada complaciente de las autoridades de control, se han desmontado de manera progresiva con la premisa perversa de que no son rentables económicamente.

Una encuesta de la Defensoría del Pueblo encontró que la mayoría de los usuarios de las EPS y las ARS desconocen por completo estos programas. ¿Dónde están los millonarios recursos que se destinan para eso a partir de los aportes de los afiliados? Sería lógico pensar que si no se hace promoción y prevención es porque se está privilegiando la atención de enfermedades consolidadas. Pero eso no es cierto.

Los indicadores de calidad tampoco son buenos. Según la misma Defensoría, en tres años se incrementaron, en 269 por ciento, las reclamaciones en salud a través de tutelas.
Lo más grave es que el 70 por ciento de ellas correspondían a procedimientos y medicamentos garantizados por el POS, es decir, aquellos que las ARS y las EPS están en la obligación de dar a sus afiliados. Esas demoras en la atención de las personas constituyen, desde el ámbito ético, una irresponsabilidad que raya en lo criminal.

Causa curiosidad que todo este deterioro coincida con la destinación de mayores recursos para la salud, un aumento significativo de coberturas y una cada vez más amplia participación del sector privado en relación con el público, y que algunos de los indicadores hayan variado desde que empezó a aplicarse la Ley 100.

En medio de semejante panorama, es evidente la pérdida de presencia del Ministerio de la Protección Social, al tiempo que las EPS privadas se fortalecen y algunas de ellas se posicionan entre las empresas más rentables del país.

El desequilibrio es palpable porque la salud está, esencialmente, regida por las leyes del mercado, que fijan su actuar sobre la ganancia económica y cada vez distan más de las metas de salubridad.

También a causa de este mercado se desarticularon las redes de servicios, situación que llega a ser dramática en zonas de menores ingresos, como la Costa Caribe, donde también contaron la corrupción, la politiquería y la mala gestión. Allá la gente, sencillamente, no tiene ya dónde recibir atención médica.

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No es un embeleco decir que el sector está regido por lo económico, a tal punto que dentro del mismo Gobierno el Ministerio de Hacienda tiene la última palabra frente a decisiones que tengan impacto fiscal. Prueba de ello es la demora en la aplicación de muchos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que se supone es ente rector del sistema.
En este estado de cosas, la discusión de una reforma tiene que girar en torno a la premisa de que la salud de las personas está por encima de todo. Eso requiere el liderazgo firme de una cabeza en el Estado que diga con claridad si el bienestar de los colombianos le interesa como una variable de desarrollo y que se imponga incluso a los conflictos de intereses que campean en el Legislativo.

La pregunta, a estas alturas, es si esa cabeza es el Ministerio de la Protección Social, cuya fusión hoy parece haber hecho agua. O si, por el contrario, es necesario adelantar una profunda reforma que empiece por la consolidación de un verdadero Ministerio de la Salud.
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Tomado de Editorial de EL TIEMPO del 8 de octubre de 2006